Antecedentes
La Ley de Salud Pública y de Prevención y Respuesta al Bioterrorismo ("Bioterrorism Act") firmada el 12 de junio de 2002, tiene los siguientes objetivos principales:
- Mejorar la preparación en caso de ataques terroristas, en particular en ataques con agentes químicos o biológicos.
- Regulación de agentes biológicos y toxinas potencialmente peligrosos.
- Protección del suministro de alimentos y medicinas.
La Ley autoriza un incremento del gasto de 545 millones de dólares con destino a la FDA y al USDA para mejorar los controles del suministro de alimentos, lo que se traducirá en más inspectores, más medios materiales e incremento del gasto en investigación de métodos para la rápida detección de adulteraciones en los alimentos. Otras previsiones de la Ley que podrán repercutir en el comercio de productos agroalimentarios son las siguientes:
- Autoriza a la FDA a detener cualquier envío de alimentos cuando exista "evidencia creíble" de que puede suponer un riesgo para personas o animales.
- Establece que aquellas personas o entidades que cometan infracciones graves o intenten importar productos que supongan un grave riesgo para la salud sean inhabilitadas para importar en los EE.UU. durante un plazo de cinco años.
- Requiere que todos los establecimientos, nacionales o extranjeros, que transformen, procesen, envasen o almacenen alimentos con destino a los EE.UU. estén registrados en la FDA. Esta exigencia se pondrá en práctica en un plazo de 18 meses a partir de la promulgación de la Ley, y está previsto el diseño de un sistema de registro vía Internet.
- Requiere que los importadores hagan una notificación previa de los envíos con una antelación mínima.
- Exige el marcado de los productos rechazados en la aduana estadounidense con la leyenda "United States Refused Entry" (entrada rechazada en los EE.UU.)
Los requisitos de registro y notificación se exigen a todos los envíos a partir del 12 de diciembre de 2003.
Las presentes páginas resumen el contenido de estos textos, pero debido a la complejidad de este asunto es muy importante que los textos íntegros de las normas sean analizados en detalle por los operadores económicos que puedan verse afectados por su aplicación futura.
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